Ayer en el debate del estado de la nación, ante los
parlamentarios, el presidente de gobierno Mariano Rajoy anuncio una nueva
medida “express” para, supuestamente, crear empleo. Y digo “supuestamente”
porque, en realidad es un paso más en el desmantelamiento del sistema de
seguridad social, ese, que en un pasado no muy lejano, era ejemplar para el
resto de países europeos.
Se trata de una “tarifa plana” en las cotizaciones a la
seguridad social que debe pagar el empresario por trabajador; se pagarían 100
euros al mes durante 2 años en contratos nuevos, indefinidos, garantizando la
contratación por 3 años sin que se pueda producir despido improcedente en ese
periodo de tiempo ni dichos contratos ser producto de despidos colectivos
anteriores, en esto consiste básicamente la dichosa “tarifa plana”. Rajoy ha asegurado
que con esta medida el empresariado se ahorrara hasta el 75% en la nueva
contratación, e incluso ejemplifica que, con un salario anual de 20.000 euros un
empresario pagara solo 1.200 euros al año en lugar de 5.700.
Vamos a ver, ¿no se supone que el sistema de Seguridad
Social y de pensiones es insuficiente económicamente? ¿no se han recortado servicios
sanitarios, medicamentos, prótesis, empleos? ¿No han perdido poder adquisitivo
las pensiones con la revalorización por debajo del IPC real?... Entonces, que
hacemos cortando aun más el ingreso de fondos con medidas populistas que en
poco o nada van a contribuir a la creación de empleo. ¿Por qué digo esto? Porque
la creación de empleo no pasa por abaratar aún más la mano de obra, si no en
facilitar la demanda de bienes y servicios favoreciendo el flujo de capital en
el consumo interno, subiendo el poder adquisitivo del consumidor, es decir del
trabajador.
Pero el consumo interno no interesa a las grandes empresas
que luchan por ser competitivos en mercados externos a costa de abaratar la producción
con sueldos cada vez más precarios y facilidades contributivas como esta, que,
finalmente benefician solo a las empresas aseguradoras que ven como poco a poco
se les allana el terreno para la privatización del sistema de pensiones primero
y el de sanidad después.
Se anuncio también la exención del IRPF a salarios por
debajo de 12.000 anuales brutos, cuando hace ya muchos años no se tiene
obligación de declarar si se gana por debajo de esa cantidad, es decir, lo único
que se exenta es la retención mínima de 2%, que en mucho casos se devolvía por deducciones
fiscales. En fin, una medida demagógica de cara a las elecciones europeas que,
finalmente, son el ensayo de lo que podrían ser las generales.
El estado de la nación que se debatió el 26 de febrero, dista
mucho del verdadero estado de la nación: Un millón de desempleados más que
cuando se formó gobierno hace dos años; un sistema de sanidad lapidado; un
sistema educativo mermado con leyes que favorecen la discriminación por sexo y
que refuerzan la educación religiosa y concertada en detrimento de la pública y
laica; un código penal que criminaliza al ciudadano que pretende ejercer derechos
fundamentales como el de manifestación, expresión, reunión, y que al mismo
tiempo favorece la impunidad en la actuación de las fuerzas de seguridad del
estado; cientos de miles de familias en la calle gracias a una ley hipotecaria lamentablemente
única en el mundo; mas de la mitad de los jóvenes en edad productiva
desempleados; mas del 70% de los jóvenes universitarios forzados a buscar
empleo fuera de España en una migración masiva que no se veía desde los años
60.
Ayer en el debate del estado de la nación, se le reprocharon
muchas cosas a Rajoy, se le dijo de despertara de su estado hipnótico, que
saliera de la Matrix, que vivía en un país multicolor como el de la abeja Maya,
se le exigió que dimitiera, pero Rajoy no hizo caso, los necios no entienden de
razones.