¿Quién prevarica?

Me parece inaudito, absurdo, antidemocrático, penoso e imposible lo que está sucediendo con las querellas por prevaricación que se han promovido contra el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón; fundamentalmente, por promover los juicios contra los que se conocen como “crímenes del franquismo” que consisten básicamente en más de 150.000 desapariciones en el periodo histórico comprendido entre 1936 (momento en que Francisco Franco y su grupo militar dan un golpe de estado al gobierno legitimo de la Republica) y 1977 (año en que se celebran las primeras elecciones en democracia, después de 41 años de dictadura).

Pues bien, una de las organizaciones querellantes, (que afortunadamente acaba de ser apartada de la querella) Falange Española de las JONS, fue el partido político, de ultraderecha, que apoyo incondicionalmente el levantamiento militar de Franco y que, una vez instaurada la dictadura nacional-católica, se convirtió en el partido único del Estado, controlando las instituciones publicas y la vida laboral, esto último, a través del Sindicato Vertical ya que, como a los partidos políticos, el régimen también ilegalizo a las organizaciones sindicales.

El lector poco informado de la historia reciente de España se preguntara ¿Qué carajos hace un partido como Falange Española, protagonista activo del golpe de estado franquista, participando de la vida democrática de la España actual?

Resulta que en 1977, un año antes de la promulgación de la Constitución (vigente) y tres años después de que Juan Carlos de Borbón fuera proclamado Rey de España y jurara el cargo de Jefe de Estado heredado del dictador, se redacto la que comúnmente es conocida como “Ley de Amnistía”, que en resumen hace un “borrón y cuenta nueva” a todos delitos con “intencionalidad política” cometidos antes de 1977… Yo le llamaría “ley de impunidad”.

La dichosa “Ley de Amnistía” ha servido para sustentar la querella de Falange Española y de dos organizaciones ultraderechistas más en contra del Juez Garzón, acusándolo de prevaricar, es decir, "desde su juzgado hacer una causa política para la que sabía que no era competente"; en dicha acusación Falange estima que Garzón hizo caso omiso de "los principios de legalidad, imperio de la ley, prescripción de los delitos e irretroactividad de la ley penal".

En la investigación que Garzón abrió contra los “crímenes del franquismo”, el juez considera dichos actos como “crímenes de lesa humanidad”, o sea, crímenes contra la humanidad.

Recuerdo que en mi época de estudiante de bachillerato, en el área de humanidades (para España “letras”), llevábamos la materia de nociones de derecho; ahí, recuerdo, aprendí que el derecho internacional prima sobre el derecho de los Estados. España firmó en 1979 el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y en 1988 el Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma; en ambos se determina que los crímenes contra la humanidad no prescriben, no pueden quedar impunes y no cabe para ellos la amnistía en ningún caso.

Así lo entendió el Fiscal General del Estado (que no es, precisamente, simpatizante de Garzón) quien recomendó al Tribunal Supremo el archivo de la causa contra Garzón nada mas recibirla y estudiarla. ¿Y por que recomendó su archivo?, pues es de suponer que no vio indicios de prevaricación al darle, Grazón, tratamiento de “crímenes de lesa humanidad” a las desapariciones (insisto, más de 150.000) durante el periodo de la dictadura franquista.

Baltasar Garzón es el mismo juez de la Audiencia Nacional que, no hace mucho, sentó en el banquillo a Augusto Pinochet por “crímenes de lesa humanidad” y finalmente lo declaro culpable. El mundo entero lo aplaudió, la derecha y la izquierda españolas lo aplaudieron; ¿en que se baso la acusación contra Pinochet?, 4.000 desapariciones durante la dictadura chilena.

¿Quien prevarica aquí? ¿Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, instancia perfectamente capacitada para abrir causa en contra de “crímenes de lesa humanidad” o el juez Varela, del Tribunal Supremo, que instruye la causa contra Garzón, que se ha pasado por el “forro” la recomendación del Fiscal General del Estado y que no reconoce que las desapariciones durante el franquismo sean “crímenes contra la humanidad”?

¿De modo que 4.000 desapariciones en Chile durante la dictadura de Pinochet se consideran crímenes contra la humanidad y 150.000 desapariciones en España durante la dictadura franquista no se deben considerar crímenes contra la humanidad? Lo siento, no me salen las cuentas… Será que soy de letras.